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JOSE MIGUEL Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. | WILLIAM FERNANDO MARTINEZ. AP

BOGOTA -- Para algunos activistas de los derechos humanos, el nuevo rostro de la violencia en Colombia tiene una máscara familiar. Cuando una activista asistía a una víctima de los paramilitares en su casa de Antioquía, cinco hombres con pasamontañas irrumpieron en la casa, violaron a las dos mujeres y le advirtieron a la activista que abandonara sus labores de derechos humanos.

Los hombres que las atacaron --la activista teme ser identificada-- eran miembros de lo que la organización Human Rights Watch llama "grupos sucesores'' de los temidos paramilitares de Colombia, que en su mayoría se desmovilizaron según un acuerdo con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

En un nuevo reporte dado a conocer en Bogotá el miércoles, titulado Herederos de los paramilitares: el nuevo rostro de la violencia de Colombia, la organización no gubernamental con sede en Estados Unidos expresó que los grupos sucesores plantean una creciente amenaza a la seguridad y a los derechos humanos en Colombia.

Según los cálculos más conservadores, los nuevos grupos tienen por lo menos 4,000 miembros, que regularmente cometen masacres, asesinatos y desplazan por la fuerza a individuos y comunidades enteras. Y a medida que sus filas han aumentado, los grupos se han consolidado en seis organizaciones con presencia en 24 de los 32 departamentos del país.

Los grupos cometen "abusos atroces y aterrorizan a la población civil de manera muy parecida a las AUC'', expresó, el informe, refiriéndose a las Autodefensas Unidas de Colombia, que desmovilizaron más de 30,000 hombres entre el 2003 y el 2006.

El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, criticó el informe de HRW diciendo que "no reconocía en lo más mínimo el compromiso de las fuerzas de seguridad en su lucha contra estos grupos criminales''.

Los nuevos grupos independientes son conocidos como neoparamilitares, pandillas, grupos emergentes o simplemente paramilitares, pero generalmente el gobierno se refiere a ellos como bacrim, bandas criminales.

"Como quiera que uno llame a estos grupos, su impacto sobre los derechos humanos en Colombia no debe minimizarse'', dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores están cometiendo atrocidades y hay que detenerlos''.

Los grupos locales de derechos humanos y los analistas de conflictos han hecho sonar la alarma sobre los herederos de los paramiliatares. La Corporación Nuevo Arco Iris, un grupo de análisis con sede en Bogotá que sigue la evolución del conflicto colombiano, que tiene cuatro décadas, expresó en su informe anual del 2009 que las actividades violentas de estos grupos sucesores había superado a las FARC, el principal grupo rebelde del país.

En algunas áreas, como Medellín, donde el índice de homicidios casi se duplicó el año pasado, las operaciones de estos grupos han provocado un fuerte aumento de la violencia. Los asesinatos aumentaron 108 por ciento en la ciudad el año pasado, lo que llevó a Uribe a proponer un controversial plan para pagar a los estudiantes el equivalente de $500 mensuales para que informen a las autoridades sobre las nuevas bandas criminales que batallan por el control de la ciudad.

Al igual que las milicias desmovilizadas, los nuevos grupos se han dedicado fundamentalmente a administrar la producción y el tráfico de drogas, pero no parecen tener una dirección centralizada o el perfil político de sus antecesores. Sin embargo, hay un patrón de amenazas de muerte contra líderes comunitarios, activistas sindicales y los defensores de los derechos humanos.

"Las amenazas de muerte de estos grupos contra líderes sindicales y otros activistas sociales han aumentado drásticamente'', dijo Vivanco. "Las amenazas son muy efectivas y lamentablemente les permiten [a los grupos] ejercer influencia sobre la población''.

Después del ataque, la activista de derechos humanos, que ahora es una mujer delgada y nerviosa, siguió trabajando con las víctimas de los paramilitares y las guerrillas izquierdistas de su pueblo, ayudándolos a hacer reclamaciones contra los grupos. Ella ha tratado de no llamar la atención, pero un grupo que se autotitula las Aguilas Negras fue a su casa una noche y se la llevó con los ojos vendados en una camioneta. Un hombre le preguntó si no había comprendido el mensaje del ataque anterior y le dieron dos semanas para que se fuera del pueblo.

"Si los grupos son políticos o no, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos'', dijo Maria McFarland, que redactó el informe de Human Rights Watch.

Y el grupo investigativo Fundación Ideas Para La Paz expresó el mes pasado en un informe independiente que los grupos sucesores pudieran consolidarse en una asociación similar a las AUC, pero menos organizada.

Human Rights Watch indicó que el ascenso de los nuevos grupos es "un resultado predecible'' del fallido proceso de desmovilización de los paramilitares. En algunas regiones hubo un claro fraude en las desmovilizaciones. Muchos de los participantes en las entregas de armas fueron reclutados poco tiempo antes para inflar las cifras. Al mismo tiempo, una parte de los grupos permaneció activa. Y HRW afirmó que el gobierno no interrogó debidamente a los desmovilizados sobre los activos y las redes criminales de los grupos, lo que básicamente dejó intactas sus estructuras.

Pese a la preocupación sobre el creciente poderío de los grupos sucesores, dijo Vivanco, el gobierno de Uribe no los ha tratado con la seriedad que el problema amerita. ‘‘El gobierno ha dado algunos pasos para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de esos grupos y tratar [de confiscar] sus activos y [arrestar] a sus cómplices''.