cuba 2.0, publicación digital del PDC-Cuba

La imposición del embargo no exime al gobierno cubano de sus obligaciones de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todos los habitantes de Cuba. Aunque el embargo afecta a la capacidad del gobierno cubano de hacer realidad progresivamente varios derechos económicos, sociales y culturales, el gobierno debe brindar la máxima protección a estos derechos, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles. Al hacerlo, no debe incurrir en discriminación de ningún tipo, y debe dar prioridad a los miembros más vulnerables de la sociedad.

Durante casi medio siglo, Estados Unidos ha impuesto unilateralmente un embargo económico, comercial y financiero a Cuba. La severidad y el alcance de las sanciones han variado, dependiendo de los acontecimientos políticos en Cuba, en Estados Unidos y en el resto del mundo.

El carácter continuado del embargo ha provocado debates frecuentes e intensos en foros internacionales. La Asamblea General de la ONU ha condenado repetidamente el embargo estadounidense por considerarlo contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. El 29 de octubre de 2008, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que, por decimoséptima vez, pedía a Estados Unidos que pusiera fin al embargo contra Cuba. Aquella resolución se aprobó por 185 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reiterado su posición respecto al “impacto que generan tales sanciones económicas sobre los derechos humanos de la población cubana, por lo cual insiste en que el embargo debe terminar”.

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