cuba 2.0, publicación digital del PDC-Cuba

CUBA Y LOS PACTOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES

Nota introductoria de la Redacción

En el mes de febrero del 2008 en gobierno de la Republica de Cuba firmo en New York los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PDCP) y de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PDESC) de las Naciones Unidas. El entonces ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, dijo en esa oportunidad “que la firma por su país de los pactos de derechos humanos responde a una decisión soberana de un gobierno que nunca ha actuado bajo presión”.

En febrero del 2009 y con motivo de la presentación que hiciera el gobierno cubano ante el Grupo de Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, para fundamentar su reelección, circularon en un memorándum a todos los países miembros de la Asamblea General de la ONU, ratificando el compromiso por ellos adquirido con la firma de ambos Pactos.

Sin embargo a casi dos años de la firma de los Pactos, los mismos siguen sin ser ratificados por las autoridades cubanas correspondientes, en este caso la Asamblea Nacional del Poder Popular. Muchos se han preguntado si el sistema jurídico cubano estaría lista para la ratificación del PDCP y el PDESC.

En un artículo publicado en la “Revista Temas”, que es publicada en Cuba, por el jurista cubano Léster Delgado Sánchez y que publicamos a continuación, el autor señala que:

“La firma de un instrumento internacional es expresión del compromiso político internacional que asume un Estado para trabajar por la futura implementación de las normas y valores regulados en el tratado. Dicha obligación moral cobra más fuerza cuando se trata de los pactos de derechos humanos, que alcanzan más de 160 ratificaciones”.

Ante la opinión pública internacional, el gobierno cubano no le pude dar marcha atrás a este compromiso y a las promesas públicas que ha hecho, sin caer en un gran desprestigio. Ya son muchos los gobiernos que en el mundo le han señalado la necesidad de que ratifiquen los dos pactos. La Redacción ha visto la necesidad de re transcribir el artículo mencionado, por ser el único análisis que ha salido a la luz pública desde Cuba y escrito por un jurista y funcionario del gobierno cubano.

Publicado en la Revista Temas, Número 59 julio-septiembre de 2009, Cuba.
por Léster Delgado Sánchez, Jurista. Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC). Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y en el 2007 era el Secretario General de la UJC del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pocos temas en la ciencia jurídica contemporánea guardan una relación tan directa con la praxis política como los derechos humanos. Pretender hacer un análisis estrictamente legal sobre ellos y el ordenamiento jurídico cubano, obviando el contexto político, sería una práctica intelectual estéril. Alejaría al lector de una visión totalizadora de la realidad en que se desarrollan las principales instituciones sobre derechos humanos y el ejercicio del poder por parte de los Estados y los individuos. Si bien es imprescindible abordar la problemática de manera conjunta, es necesario poder discernir claramente entre el discurso político y el análisis científico-jurídico. Existen dos dificultades adicionales: la ambivalencia epistemológica de los principales conceptos jurídicos y la diferenciación deontológica y ontológica que se ha operado en la evolución histórica de los derechos humanos.

Desde el punto de vista deontológico, estos representan, por su origen iusnaturalista (La fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos comprende una serie de nociones y discursos relacionados con el Derecho natural en los que se sustentó la idea de derechos humanos, permitiendo el surgimiento y consolidación de los mismos), una concepción totalmente revolucionaria y de izquierda. Sin pretender un análisis histórico sobre su evolución, es válido destacar que ese carácter deontológico sufre una fuerte variación ontológica en la actualidad. Razones históricas, como la consolidación ideológica de la dominación liberal-burguesa en el Primer mundo y el signo bajo el cual se desarrolló el socialismo real en el siglo XX, han permitido convertir el tema en un arma de la derecha, contra el desarrollo de los movimientos sociales y por la consolidación de la dominación Norte-Sur.

Lo anterior se ve refrendado y fortalecido ideológicamente por la construcción pausada durante siglos de edulcoradas doctrinas jurídicas que pretenden confundirnos, sobre cómo debemos entender e interpretar los derechos humanos. Para simplificar el análisis, podríamos afirmar que bajo esta concepción un hombre en África tendría derecho a gritar que tiene hambre, pero no a comer.

En síntesis, la ruptura ideológica entre lo que debe ser y lo que es, así como la ambivalencia conceptual de los derechos humanos, ha colocado a la izquierda, y con ello a la Revolución cubana, a la defensiva. Esta se ha desarrollado bajo la permanente agresión de agentes externos e internos al servicio de potencias extranjeras; sin embargo, ello no justificaría una actitud de rechazo o recelo a un tema que recoge la esencia misma de nuestro proyecto revolucionario: la consolidación de los derechos humanos en Cuba.

Esta compleja realidad nos obliga, sin ingenuidades, a diferenciar no solo entre el discurso científico-jurídico y el meramente político; sino a establecer en este último dos planos diferentes, aunque no opuestos, lo discursivo-político por la defensa de Cuba en las relaciones internacionales y el debate interno entre cubanos para afianzar los derechos humanos.

Cada vez con más fuerza, Occidente mezcla los temas de seguridad internacional y de derechos humanos, aplicándolos convenientemente a sus intereses geopolíticos. Por ejemplo, en los Principios de Siracusa¹ se afirma que «la violación sistemática de los derechos humanos socava la seguridad internacional». Reconocer la violación de derechos humanos en Cuba, en el marco de las relaciones internacionales, implicaría una amenaza directa a nuestra seguridad nacional. Sin embargo, la necesidad de que la Revolución continúe fortaleciendo su marco institucional interno y con ello su ordenamiento jurídico, nos obliga a un diálogo revolucionario y enriquecedor en materia de derechos humanos.

La convergencia de ambos planos discursivos en lo político no debe restar potencialidad al análisis crítico de nuestra realidad social, particularmente al enfocar el alcance que tendría, para el ordenamiento jurídico cubano, la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC).