cuba 2.0, publicación digital del PDC-Cuba

Es una ingenuidad pensar que se puede perseguir al narco y proteger a la sociedad a la vez

El pasado 8 de abril los expresidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo publicaron un nuevo documento sobre el tema de las drogas en América Latina. En el mismo tenor que sus pronunciamientos anteriores, realizados en el marco de la Comisión Global sobre Drogas hace ya cuatro años, pero con mayor precisión y de manera más explícita ahora, reiteran que "40 años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas […]\[...\] frente a la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la "guerra contra las drogas" [se ha reconocido] el fracaso de la estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas alternativas".

Hablan ya claramente de la regulación de la marihuana como del alcohol y del tabaco. Felicitan a los presidentes de Guatemala, Colombia y Costa Rica por empezar a proponer opciones distintas y reseñan las experiencias pertinentes de los últimos tiempos para diseñar alternativas: "Europa en materia de salud pública y reducción de daños; los experimentos médicos de algunos Estados de Estados Unidos con los usos medicinales de la marihuana; la movilización de los sectores empresariales y de la comunidad científica, y la expectativa de los jóvenes…". Junto con posiciones igual o más explícitas de otros ex mandatarios como Vicente Fox y Felipe González, de intelectuales latinoamericanos como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y de muchos otros exfuncionarios de múltiples países, ya son un número creciente de voces, encabezadas por supuesto por los presidentes Juan Manuel Santos, Otto Pérez y Laura Chinchilla, que claman lo mismo: esto no funciona.

Gracias a la iniciativa de estos últimos tres, la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena este pasado fin de semana abrió el debate a nivel de jefes de Estado: por primera vez un presidente de Estados Unidos se vió obligado a escuchar los argumentos, las tesis y el dolor de sus colegas del sur del Río Bravo sobre el terrible costo, y los magros resultados, de la "guerra a las drogas". Como bien lo dijeron Santos, Pérez Molina y Chinchilla, se trata solo del comienzo de un largo proceso, y solo el tiempo y la discusión ayudarán a animar a otros mandatarios latinoamericanos a convencer a Barack Obama o a su sucesor de que la política de los últimos 40 años ha sido un desastre.

Lo más alentador es que el principal obstáculo a un consenso regional a favor de una alternativa —la actual postura mexicana— cambiará pronto. México es el único país a la vez productor y de tránsito de drogas en la región; es el que ha pagado el mayor precio —más de 50.000 muertos en los últimos cinco años— por combatir las drogas (Colombia luchó también contra guerrillas y paramilitares); y es el que mayor presencia tiene, por razones evidentes, dentro de Estados Unidos. El actual presidente, Felipe Calderón, ha sido el mayor baluarte de la postura prohibicionista, aunque de dientes para fuera ha aceptado que "haya debate" sobre la legalización. Pero Calderón termina su mandato el 30 de noviembre, y cualquiera de sus posibles sucesores ya ha comenzado a distanciarse del camino seguido entre 2007 y 2012.

Lo hacen porque la sociedad mexicana también empieza a evolucionar al respecto. Un grupo de empresarios y académicos de Monterrey han apoyado la despenalización, y presentaron una ponencia al respecto en Cartagena. Una organización conservadora de la sociedad civil, México Unido Contra la Delincuencia organizó un foro de gran repercusión en la Ciudad de México sobre el tema. Todo esto se ha traducido, lógicamente, en cambios en el enfoque de los políticos y los partidos, y, sobre todo, en las posturas de los más importantes: Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, los dos candidatos punteros a la presidencia de la República.

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