cuba 2.0, publicación digital del PDC-Cuba

Fotograma del filme 'Memorias del subdesarrollo', de Tomás Gutiérrez Alea: decomiso de relojes y sortijas a los que abandonan el país. (MANUEL ZAYAS)

Rehenes y apátridas. De cómo Fidel Castro acabó con el derecho del pueblo cubano de entrar y salir del país. El período 1959-1980.

El 9 de enero de 1959, el autoproclamado "gobierno provisional de la Revolución" se sacó de la manga una ley para controlar los movimientos de los ciudadanos cubanos al extranjero, una medida inconstitucional que fue el preámbulo de las que vendrían después y que regularían y eliminarían de tajo el derecho a la libre circulación.

Sancionada hace 53 años bajo el título de "Vigencia de pasaportes", la Ley No. 2 decía: "Es necesario a los propios efectos y principios de la Revolución, evitar que personas comprometidas con el régimen anterior, autores de delitos comunes traten de abandonar el territorio nacional con el fin de evadir la acción de la justicia, dictándose al efecto las medidas oportunas para evitar que así suceda".

A los pocos días, aquella disposición fue enmedada por la Ley No. 18, y obligaba a lo siguiente: "Todo ciudadano cubano poseedor de Pasaporte válido expedido por el Ministerio de Estado, que se proponga trasladarse al extranjero, deberá obtener una autorización al efecto, que le será concedida por el señor Jefe de la Policía Nacional". [El énfasis en esta y otras frases es del autor del artículo.]

Bajo el pretexto de impedir la evasión de criminales del régimen de Fulgencio Batista, toda la población cubana pasó a ser sospechosa de colaboracionismo. Al jefe de la policía se le otorgó una autoridad desconocida hasta entonces, la de autorizar (o no) los viajes al extranjero. (Estaban exentos de esa autorización los portadores de pasaportes diplomáticos emitidos después del 6 de enero de 1959.)

A ojos vista, la medida era contraria a la Constitución de 1940 que, en su Artículo 30, consagraba como un derecho fundamental la libertad de circulación. "Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las Leyes sobre inmigración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal".

Y continuaba ese artículo constitucional: "A nadie se obligará a mudar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la Ley señale. Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirá la entrada en el territorio de la República".

La Ley No. 2 fue aprobada por el Consejo de Ministros, con el presidente Manuel Urrutia a la cabeza. Sin cargo alguno en aquel primer gabinete gubernamental, pero con gran apoyo popular, Fidel Castro ejercía un poder a la sombra de aquellos ministros. Según un decreto de Urrutia, Castro ostentaba el título de Comandante en Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire.

Las promesas del gobierno provisional de celebrar elecciones y de reinstaurar el orden constitucional —quebrantado con el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952— cayeron en saco roto. Disuelto el Congreso y el Senado, el Consejo de Ministros quedó como única instancia legislativa: el 7 de febrero de 1959 sancionó la Ley Fundamental, que derogó la anterior Carta Magna, inservible desde los primeros días de enero.

Entre las principales modificaciones: se instaura la pena de muerte con efectos retroactivos para criminales y cómplices del anterior régimen (antes estaba contemplada solo para delitos militares en tiempos de guerra y proscrita para delitos políticos), se aprueba la confiscación de bienes a esas personas y para los autores de "delitos contrarrevolucionarios" y con fines sociales . El habeas corpus, garantía jurídica de libertad del individuo frente a las detenciones arbitrarias, fue suspendido por 90 días.

Pese a todas las modificaciones, el Artículo 30 de la Constitución de 1940 fue mantenido intacto. La Ley Fundamental seguía reconociendo la libertad de circulación como un derecho del pueblo cubano aunque, en la práctica, el ejercicio de ese derecho estaba truncado por la decisión de una maquinaria policial, facultada ahora para autorizar los viajes al exterior.

Los conflictos dentro del propio gobierno llevaron a José Miró Cardona a presentar su dimisión como primer ministro. Desde el 17 de febrero lo sustituiría Fidel Castro. Pocos meses después, las tensiones seguían. Entonces Castro presenta su dimisión, argumentando que el presidente Urrutia demoraba la firma de las nuevas leyes revolucionarias.

Forzado a renunciar por las protestas populares de respaldo a Castro, el 17 de julio Urrutia dejó su puesto como presidente. Su cargo como representante del Estado lo ocuparía Osvaldo Dorticós. Fidel Castro seguiría al frente del gobierno.

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