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Fachada de la tienda IKEA en Sunrise, Florida. Carl Juste / The Miami Herald

El empleo de presos cubanos a fines de la década de 1980 en la construcción de muebles para la empresa sueca IKEA provocó el jueves en Miami la repulsa de exiliados cubanos y, en particular, de ex prisioneros políticos.

"Cuba no pierde la oportunidad de buscar divisas fuertes para engrasar la maquinaria represiva del régimen", afirmó Luis González Infante, presidente del Presidio Político Histórico Cubano, quien estuvo en prisión por 16 años.

De acuerdo con una reciente información del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Frankfurt, en septiembre de 1987 las autoridades cubanas negociaron la producción de 35,000 mesas de comedor, 10,000 mesas para niños y un número no especificado de sofás para IKEA. La operación, agregó el diario, fue propiciada por funcionarios de la disuelta República Democrática Alemana (RDA). Los reporteros alemanes encontraron los datos al revisar archivos de la época. 

Eugenio Llamera, presidente de la Federación Mundial de Ex Presos Cubanos, indicó que esta información es una prueba más de la disposición del gobierno cubano para explotar a los presos.

"Es un elemento más de la evidencia de los trabajos forzados que comenzaron en 1964", señaló Llamera.

En Cuba, los alemanes se reunieron con el teniente Enrique Sánchez, identificado como el encargado de un organismo conocido como EMIAT, que abastecía de muebles de jardín a las casas de protocolo y a los altos funcionarios de la isla. De acuerdo con los archivos, los muebles se fabricarían "en las instalaciones carcelarias del Ministerio del Interior".

Hay indicios de que IKEA consideró inaceptable la calidad de los muebles cubanos. A principios de 1988 fue suspendida la entrega del primer cargamento de sofás. Funcionarios alemanes viajaron a Cuba para tratar de arreglar la situación pero quedó claro que IKEA no aceptaría nuevos cargamentos de mala calidad. Se ignora cuándo cesó el contrato.

El jueves, la portavoz de IKEA en Estados Unidos, Mona Liss, dijo a El Nuevo Herald en un correo electrónico que la firma tuvo acuerdos de naturaleza limitada con Cuba.

"IKEA no ha tenido relaciones de negocios a largo plazo con ningún proveedor en Cuba", indicó Liss. "Por lo que sabemos, sólo hubo ocasionales compras de prueba de montos limitados de productos de proveedores en Cuba a fines de los 80".

Agregó que IKEA ampliará una investigación que había comenzado el otoño pasado sobre posibles acuerdos para la fabricación de muebles por parte de presos de la RDA en los años 70 y 80.

"Tomamos estas alegaciones muy seriamente", precisó. "Hasta que no se termine esta investigación no especularemos sobre el resultado".

Ylva Magnusson, portavoz de IKEA en Helsingborn, Suecia, declaró que estaban tratando de contactar a antiguos empleados que tuvieran conocimiento de estos acuerdos.

En Miami, ex presos políticos confirmaron que los trabajos forzados son habituales en el sistema penal cubano, aunque ninguno tenía información sobre la colaboración con IKEA.

"Aunque existían esos trabajos forzados, los prisioneros políticos en Cuba rehusaban realizar esas labores", indicó Ernesto Díaz, secretario general de la organización Alpha 66, que estuvo preso durante el período en que los acuerdos con IKEA presuntamente estaban vigentes. Díaz fue liberado en 1991 tras pasar casi 23 años en prisión.

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